Sin registro
Benjamín Santiago, de la organización Seguridad en Democracia (Sedem), informó que la mayoría de juntas locales de seguridad en Huehuetenango operan de manera ilegal, pues se sabe que operan más de 600, pero solo 78 se han registrado y han sido reconocidas por la oficina de atención comunitaria de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual fue creada para darles acompañamiento, asesoría y capacitación, ya que contribuyen a mejorar la seguridad.

Los grupos que todavía no se han registrado ejercen el papel de las fuerzas de seguridad del Estado, y miembros de muchas de estas suelen incurrir en actos ilegales. 

En varias áreas del departamento, las mismas municipalidades fomentan la actitud de esas agrupaciones, como sucede en Chiantla, donde se nombró a un coordinador, que usurpa las funciones de la PNC.

Santiago recordó que las comunas que promueven a esos grupos no cumplen con la orden general 11-99, ni con el reglamento interno de la PNC, que las regula, ni con la Ley de Consejos de Desarrollo, la cual, si bien establece la creación de comisiones de seguridad, especifica que estas deben estar organizadas dentro de los distintos consejos. 

“Las juntas cívicas de seguridad se crean para fortalecer el trabajo de la PNC, no para ocupar su puesto”, enfatizó.

Las apoyan
El alcalde de Chiantla, Ricardo Herrera, afirmó que el Concejo autoriza las juntas de seguridad locales porque las comunidades las han solicitado, y que se les extiende carné a sus miembros, por puro formalismo, pues es una forma de tener organización.

Sin embargo, aseveró que la corporación edil apoya este tipo de organización porque es una forma de garantizar el orden y la tranquilidad a la población.

El funcionario invitó a los pobladores que lo cuestionan a unirse a las juntas, pero Rony López, vecino del lugar, expresó que hay muchas ilegalidades en la formación de estas, por lo que generan mas dudas que seguridad. Recomendó a las autoridades brindarles capacitación para que sus miembros dejen de cometer abusos.

Santiago también dijo que lo conveniente es fortalecer las juntas, con capacitación.

Gobierno
Viron Herrera, de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, refirió que están preocupados por el actuar de algunos de esos grupos, pues violan los derechos de la población, sin importarles que son sus propios vecinos. “La población tiene que estar encerrada en sus casas, para evitar atropellos con ellos”, dijo. 

El gobernador, Rudy Cardona, expuso que la unidad de relaciones comunitarias de la PNC ha sostenido reuniones, pero no es tarea fácil. Dijo tener la esperanza de que el Gobierno trabaja en fortalecer la PNC con más policías, con lo cual las juntas tendrán que desaparecer.

“Hay que determinar quiénes las dirigen y bajo qué criterios está la organización. Hay que hacer una investigación, porque muchas capturan a personas y dicen que las entregan a la Policía, pero en otros casos han cometido linchamientos”, denunció.



Mike Castillo

Prensa Libre 01/03/2010