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Pobladores de Huehuetenango se oponen a explotación de minerales

Integrantes de la Asamblea Departamental para la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango denunciaron…. ...que el Gobierno no ha respetado las 28 consultas comunitarias que se han efectuado en el departamento, donde más de 500 mil personas han mostrado su rechazo a la exploración y explotación minera. La inconformidad de la población se agudizó luego de que la empresa canadiense Firestone Venture Inc. —que explora la concesión de El Torlón, Chiantla— confirmó en su página web que, en diciembre de 2009, adquirió dos mil 400 hectáreas más de terrenos en Llano del Coyote, en donde se prevé una futura extracción de cobre. La concesión de El Torlón, es propiedad de la Cooperativa de Producción Industrial Minera Juventud RL, aunque el Ministerio de Energía y Minas tramita el cambio del registro para la firma canadiense. La minera concluyó la primera fase de exploración y anunció que la segunda se llevará a cabo en abril próximo. En un comunicado reciente, Lori Walton, presidenta de Firestone Venture Inc., detalló que “el paquete de propiedades adquiridas en diciembre recién pasado incluye un prospecto de extracción de oro, cobre y zinc, y creemos que tiene potencial”. Esta situación generó molestia entre los pobladores, quienes consideran que no le dan validez al sentir de las comunidades. Francisco Rocael Mateo Morales, representante de esta agrupación civil, que aglutina a organizaciones de 32 municipios, dijo que están preocupados porque la minería es una amenaza para los recursos naturales de la Sierra de Los Cuchumatanes. Creen que permitir a la transnacional extraer metales es una burla para los pueblos que han rechazado esa actividad a través de las 28 consultas comunitarias. Protestan en la capital Alcaldes y representantes de ocho municipios de la franja norte de Huehuetanango llegaron ayer a la capital para recordar al Congreso de la República que su territorio fue declarado libre de explotación minera y megaproyectos, en el 2009. Asimismo, exigieron que se aplique la justicia, que no se autoricen leyes que comprometan la soberanía de los pueblos y que se anulen las concesiones mineras e hidroeléctricas en la zona. Rubén Herrera, coordinador de la Asamblea Departamental por la Defensa de Recursos Naturales, informó que alcaldes y representantes de San Juan Ixcoy, San Pedro Solomá, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Barillas, San Sebastián Coatán, San Rafael La Independencia y San Miguel Acatán llegaron para defender los derechos de sus poblaciones. El alcalde de San Sebastián Coatán, Francisco Tomás Baltasar, dijo que en su municipio hay seis licencias y que “las empresas extrajeras están a punto de llegar allí, y el pueblo de San Sebastián manifiesta que no quiere que lleguen a quitarles lo que tienen”. Daño irreparable Blanca Jiménez, representante del Movimiento de Mujeres Mayas, recordó que actualmente hay más de 50 licencias vigentes para exploración y explotación minera, y que estas, junto a los proyectos hidroeléctricos y las megacarreteras —como la Franja Transversal del Norte— solo llevarán riqueza a las empresas que las edifiquen. Añadió que la explotación minera es sinónimo de destrucción y una amenaza para las fuentes de agua y bosques. Roderico Mérida, vecino de Chiantla, pidió al Gobierno que reconsidere la actividad minera en El Torlón, pues el municipio tendrá un daño natural irreversible. Mina codiciada E l Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que la concesión del área El Torlón, Chiantla, está registrada con la licencia de exploración CT148, la cual fue solicitada el 6 de abril de 1899. Comenzó operaciones el 3 de julio de 1901, por medio de la empresa Cooperativa de Producción Industrial Minera Juventud RL, que extraía plomo. La cartera confirma que existe una solicitud de cesión de derecho de licencia, la cual entregaría esa cooperativa a la empresa canadiense Firestone Venture Inc. Si el traspaso se efectuara y la nueva compañía quisiera extraer algún mineral distinto al plomo, tendría que solicitar nuevas licencias y presentar estudios de impacto ambiental, aprobados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Por Mike Castillo y Cristina Bonillo Prensa Libre, edición 29/01/10. (0 Comments)

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